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Poco después de la revolución tunecina, surge una pregunta; la de la búsqueda de la verdad, de las reparaciones pasadas, de la persecución de los responsables y de la indemnización de las víctimas a fin de llegar a la reconciliación entre lxs diferentes actorxs. El pueblo que acaba de liberarse de un régimen autoritario corrupto, desea que sus reivindicaciones sean llevadas a la agenda nacional a fin que las libertades fundamentales sean garantizadas. Aunque esta revolución suele ser mencionada como una referencia en términos de éxito de transición democrática, trabajando en la resolución de conflictos, la justicia transicional aún no ha permitido establecer un clima de paz estable así como el respeto de las libertades fundamentales.

Este domingo 18 de octubre es el día internacional de la resolución de conflictos; es la ocasión para volver a abordar el proceso de resolución de un conflicto emblemático de esos diez últimos años: la Revolución de Jazmin. Desde su independencia en 1956, Túnez ha sido escenario de numerosas violaciones de los derechos humanos, particularmente de arrestos y ejecuciones arbitrarias, de torturas y violencias sexuales. Un sistema de corrupción financiera, administrativa y política condujo violaciones importantes de derechos económicos, sociales y culturales. En 2011, el pueblo tunecino derrocó la dictadura de Zine el-Abidin Ben Ali, bajo la cual varias de esas violaciones se produjeron. Túnez se hace el punto de inicio de lo que llamaremos la “Primavera Árabe” que se extenderá a muchos otros países del mundo árabe. A partir de este momentosurge una pregunta: la de la búsqueda de la verdad, de las reparaciones pasadas, de la persecución de los responsables y de la indemnización de las víctimas a fin de alcanzar la reconciliación entre lxs diferentes actorxs. En esta perspectiva, medidas relacionadas con  la transición democrática se implementan tomando la forma de un dispositivo de justicia transicional.  Puede ser definida como un “movimiento de derechos humanos” que promueve la celebración de víctimas y la divulgación de los abusos que sufrieron con vistas a “un futuro pacífico”1. Aunque es fundada en la gestión civil de conflictos, la justicia transicional adquiere una importancia especial cuando se inscribe en un contexto de subdesarrollo económico y social. Además, la salida de crisis es sinónimo de esperanza de una mejor vida traduciéndose por un acceso a condiciones de vida dignas para todxs. La justicia transicional, siendo un proceso largo y colectivo, expresa cuanto a esto las metas de reparación, de cicatrización y de reconciliación a través de la reforma institucional vital para el país.

Metas y condiciones de la justicia de transición

Metas transicionales en Túnez posrevolucionaria 

El 17 de diciembre de 2010, Tarek Bouazizi, un tunecino de la ciudad de Sid Buzis, se suicidó por inmolación. Este acto traduce un malestar profundo, anclado en la sociedad tunecina,  ya aturdida por las dificultades económicas y sociales y abandonada por sus gobernantes. Este evento marca el inicio de una larga crisis política y de un conflicto caracterizado por numerosas protestas, movilizando la población tunecina en un razonamiento de desconfianza del régimen establecido.

Sin embargo, él solo no puede explicar el cambio de régimen. El suicidio de Tarek Bouazizi, siendo explotado por las políticas de oposición al régimen policial de Ben Ali, ha alimentado el sentimiento de rebeldía que se enraizó  en la sociedad tunecina desde 1989, fecha en la cual empieza la democracia de seguridad. Paralelamente a este evento coyuntural, encontramos varias variables estructurales que explican el malestar profundo del pueblo y que han explicado este deseo de cambio. El factor estructural mayor se encuentra en la inadecuación entre una sociedad civil educada y el régimen de seguridad en el cual está encerrada, contribuyendo a la ampliación de las frustraciones populares.

Nos encontramos frente a un pueblo luchando para que sus derechos fundamentales sean respetados, un pueblo cansado por la corrupción del régimen, el desarrollo de una economía de depredación2 traduciendo un desinterés total con la miseria que afecta a las clases populares del país. La gran falta de consideración hacia los derechos humanos, especialmente hacia las libertades ultrajadas por un control intenso del régimen donde la violencia es un instrumento  de dominación, se dirigiría a la reparación de las molestias que sean de orden económico, social o político tomando en cuenta el sufrimiento de la población así como sus voluntades individuales.

Por eso, si la justicia transicional no encarne un medio de contestar a las reivindicaciones del pueblo, permite al menos una manera de implementar un clima apacible necesario para conseguirlo. Según Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, la justicia transicional es el conjunto de “… varios procesos y mecanismos implementados por una sociedad para intentar hacer frente a los abusos masivos cometidos en el pasado, en vista de establecer las responsabilidades, restituir la justicia y permitir la reconciliación.”3

A fin de entender el puesto importante que ocupa la justicia transicional en este proceso, es necesario entender las modalidades de su aplicación así como las diferentes etapas de la transición hacia este régimen de un nuevo tipo. Si la revolución ha permitido derrocar el régimen autoritario de Ben Ali, aún nada está dado por sentado para lxs tunecinxs. La búsqueda de la verdad, de las reparaciones pasadas, de la persecución de lxs responsables y de la indemnización de las víctimas aún quedan a alcanzar para lograr una  reconciliación entre lxs diferentes actorxs. Eso es justo lo que apunta la justicia transicional con el establecimiento de una comisión de verdad y reconciliación. Estos dos objetivos solamente pueden cumplirse en un régimen político pacificado: la democracia. Por lo tanto, es necesario implementar, o al menos volver a implementar, un régimen democrático justo, apacible y que no esté corrupto privilegiando un diálogo con la población.

Modalidades de aplicación de la justicia de transición en Túnez

Es necesario analizar el clima sociopolítico para que la aplicación de la justicia transicional sea la más favorable posible. El primer paso en este proceso es el inicio de una transición democrática. El restablecimiento de la democracia es el centro de un proceso de justicia de transición eficaz y exitoso. Además, la democracia es, hasta la fecha, el único régimen político capaz de hacer frente a una situación de posconflicto. Permite el establecimiento de un discurso entre los gobernantes y el pueblo para que este último pueda hacer oír sus reinvidicaciones. 

Un discurso democrático digno de ese nombre es el que se caracteriza por la voluntad de resolver los conflictos a diversos niveles – político, económico y social – mediante el establecimiento de un diálogo constructivo entre los diversos grupos de opinión que componen la sociedad. Desde este punto de vista, es necesario eliminar del régimen las políticas que amordazan a la oposición. La dictadura o la parodia de la democracia, en el caso de Túnez, son regímenes políticos que entrañan una importante corrupción de los que están en el poder y la ausencia de alternancia política. En Túnez, bajo el régimen secular de Ben Ali, la prohibición del partido Ennahda contribuyó a la represión de sus partidarios, a su estigmatización y a la aplicación de políticas discriminatorias hacia ciertos grupos sociopolíticos. Esta censura selectiva es incompatible con los objetivos de la justicia transicional, de ahí la necesidad de establecer un clima democrático pacífico.

Los gobiernos provisionales posteriores a lo de Ben Ali han puesto en práctica medidas de justicia transicional poco a poco, enfocándose principalmente en los prejuicios sufridos por lxs manifestantes durante las semanas de la revolución. Esta elección a la carta de tratar del pasado  subraya la necesidad de seguridad y de estabilidad después de la caída del régimen proseguido por el establecimiento de una política provisional. La continuidad más que la política de la tabla rasa parecía ser necesaria. Cuando el gobierno de la troika islamista – dirgida por el Ennadha- formó un gobierno después de las elecciones de autonio de 2011, emergió una visión más amplia, conduciendo a la creacion del Ministerio de los Derechos Humanos y de la justicia transicional dirgida por Samir Dilou d’Ennahdha. 

A pesar de esa concientización, hay también una real necesidad para Túnez de renovar los puestos de gobernanza, a fin que el país se libere de los últimos obstáculos que lo vinculan a la dictadura. En efecto, aunque la política de continuidad puede ser legítima, favorece la retención en el poder de individuos corruptos que han contribuido a la instalación de un régimen policial. Además, estos tecnócratas, la mayoría de los cuales tienen ochenta años, no pueden representar eficazmente al pueblo tunecino, cuya edad media es de 31 años. Esta brecha generacional y de clase es un factor que explica la revolución. De hecho, los jóvenes han sido los principales investigadores del movimiento revolucionario. En la revuelta contra un sistema plagado de corrupción financiera, administrativa y política, los jóvenes salieron a las calles para hacer oír su voz. La reelección de los tecnócratas forma parte de un movimiento que va en contra de las demandas de un pueblo deseoso de libertades y de justicia.

Salida en falso y contestación popular 

A pesar de las discrepancias entre los dirigentes y lo que se supone que encarnan  así como su deseo de mantener a la población lo más alejada posible de las decisiones políticas, es importante señalar que la movilización popular es una de las fuerzas motrices de la caída del Presidente Ben Ali. En efecto, junto con el secuestro del ejército del régimen y el colapso del apoyo del gobierno, la huida del presidente el 14 de enero de 2011 constituye una ruptura y permite el inicio de una transición política hacia la resolución del conflicto. 

En primer lugar, existe el deseo de ciertos políticos del antiguo régimen de retomar el poder y organizar esta transición política en el marco de la Constitución de 1959. Muchxs de esxs actorxs populistas afirman encarnar la voluntad del pueblo y prometen llevar a cabo este proceso de transición de acuerdo con la soberanía del pueblo. Así, Mohamed Ghannouchi, ex primer ministro del Presidente Ben Ali, se convierte en interino y forma un primer gobierno el 17 de enero de 2011. Este gobierno está compuesto por miembros del antiguo régimen y declara que quiere organizar elecciones presidenciales democráticas. El pueblo, para quien  la dimensión tecnocrática y conservadora de este gobierno está en total ruptura con las demandas establecidas por la Revolución de Jazmín, pide su disolución. El 2 de febrero de 2011, miembros de la izquierda radical anunciaron la creación del “Frente 14 de Enero”, que representa el deseo del pueblo de romper completamente con el régimen anterior mediante la elección de una Asamblea Nacional constituyente4.

La falta de medidas tomadas por el gobierno de acuerdo con la voluntad del pueblo llevó al deseo de agrupar a estxs actorxs, proclamadxs como depositarixs de la soberanía popular, dentro de un Consejo Nacional para la Protección de la Revolución (CNPR). La CNPR incluye los partidos miembros del “Frente 14 de enero”, pero también las asociaciones de derechos humanos.

A pesar de la gran repercusión de las manifestaciones organizadas por la población, la recuperación del poder por parte de las elites políticas cercanas al antiguo régimen reproduce la exclusión de los jóvenes del proceso de transición. Si bien los jóvenes son los catalizadores de la revolución, el espacio que se les dedica para expresar sus demandas es sólo a pequeña escala, si no inexistente en la escena política. Por ejemplo, la Fundación Temimi, cuyo objetivo era abrir un diálogo con los interesados en la revolución (activistas, jueces y juezas, abogadxs, políticxs, economistas), no incluía a los jóvenes, que estaban en la raíz de los trastornos políticos del país. Sin embargo, siguen luchando por una transición política más justa y  en contra de la reelección de los miembros del antiguo régimen en el poder.

La justicia de transición en acción

La transición constitucional y la ruptura con el antiguo régimen

Así pues, en la transición política de Túnez hay una diversidad de agentes que desean participar en el proceso de elaboración de leyes durante el período de transición y supervisar la labor del gobierno provisional. El 27 de febrero de 2011, Ghannouchi y su gobierno dimitieron, cediendo a la presión popular, y fueron sustituidos por Béji Caïd Essebsi5. Posteriormente, planean organizar la elección de la Asamblea Nacional Constituyente responsable de la redacción de la Constitución. El 7 de marzo, el nuevo gobierno tomó posesión y elaboró un nuevo texto sobre la organización del poder que marcaba una ruptura con la Constitución de 1959. Durante este período de transición “constitucional”, se creó un órgano representativo: el Órgano Superior para el logro de los objetivos de la Revolución, la Reforma Política y la Transición Democrática (ISROR), presidido por Yadh Ben Achour. Este último desempeñó un papel de vigilancia del gobierno y de propuesta de textos fundamentales, y posteriormente se transformó en un órgano de deliberación política (en particular mediante la integración de los partidos políticos de la oposición y la reunión de grupos de activistas). De esta manera, ISROR le dio al país los textos fundacionales de su proceso de transición democrática.

En Túnez, los sindicatos, los partidos y los defensores de los derechos humanos participan en esta transición política posrevolucionaria. Uno de los objetivos es iniciar un proceso constitucional y promover los derechos de la población largamente ignorados por el régimen vigente. Después de la Revolución del 14 de enero de 2011, las políticas públicas relativas a los derechos humanos ocupan un lugar central, sobre todo en el seno de las instituciones, implicando cada vez más a los ciudadanos. Sin embargo, deben existir textos institucionales que especifiquen el papel de cada institución, a fin de permitir una transición política pacífica y transparente. En efecto, un vacío jurídico podría tener consecuencias nefastas en la reconstrucción del país después del conflicto, por lo que el principio de la justicia de transición debe figurar en los textos auténticos de la constitución provisional6. 

Una abundancia de actores nacionales toma parte en la gobernanza de los derechos humanos de manera importante, órganos gubernamentales son creados. La Comisión Nacional del Derecho Internacional Humanitario, por ejemplo, es responsable de la difusión de los principios de derechos humanos fundamentales. Después de las elecciones de 2011, el gobierno islamista dirigido por Ennahda junto con Ettakol y el Congreso por la república, crea un “ministerio de los Derechos Humanos y de la Justicia Transicional”. El rol de este ministerio es  seguir la ejecución de la política relacionada con el tema de los derechos humanos, y asegurarse de la preservación y a la concretización de sus valores en la legislación nacional.

Con el fin de transparencia y de justicia, otros órganos han sido creados. Existe una Comisión nacional de establecimiento de los hechos sobre los casos de malversación y corrupción que está encargada de investigar sobre los actos de corrupción cometidos por el antiguo régimen. Una segunda Comisión nacional de  investigación ha sido creada en 2011 a fin de determinar los abusos del antiguo régimen. Es Taoufik Bouderbala, expresidente de la Liga Tunecina de defensa de derechos humanos quien la preside.

Más allá de esas instancias, observamos una participación importante de la población, consultada a fin de ayudar a definir las políticas en el ámbito de los derechos humanos. Participa en las negociaciones y en la resolución de conflictos o tensiones, especialmente en el contexto de un diálogo nacional sobre la justicia del cual emane la promulgación de la ley relativa a la justicia transicional (diciembre 2013)

Asistimos igualmente a un apoyo de lxs actorxs internacionales; que se tratan de organizaciones gubernamentales o no, todas han participado en menor medida en este proceso de transición. Efectivamente, lxs participantes externos se implican y cooperan con lxs actorxs nacionales en las prioridades de transición. En primavera de 2012, el Ministerio de los Derechos Humanos y de la Justicia Transicional empieza un diálogo sobre el proceso de justicia transicional en coordinación con el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), así como al Centro Internacional para la Justicia Transicional (CIJT). Sin embargo, esas negociaciones incluyen únicamente a las élites y no a la juventud. El mismo año, la CIJT propone una iniciativa con el objetivo de integrar a la mujeres en el proceso de transición, cuyos efectos no han sido probados.

A pesar de eso, la comunidad internacional actúa y cumple sus objetivos en el proceso de justicia transicional. Unos de esos objetivos son la participación en los esfuerzos para garantizar que las comisiones hagan investigaciones serias sobre las violaciones de los derechos humanos; en Túnez, se trata de la Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD). Están igualmente llevados a la agenda del proceso de transición la incitación a la nominación de expertxs independientes para investigar durante la transición, el apoyo a la democracia, a la transparencia, a la buena gobernanza así como a mejores prácticas de gestión del Estado y  principios de elecciones libres.

La normalización institucional, un paso necesario para la resolución de conflictos

Se inicia una segunda fase de transición tras el nombramiento de Béji Caïd Essebi, fase denominada “consensual”7. En efecto, el decreto-ley n°14-2011 del 23 de marzo de 2011, en cierto modo portador de los valores fundadores de un nuevo orden constitucional, organiza provisionalmente el poder público, definiendo los poderes legislativo y ejecutivo. Este texto recuerda la soberanía del pueblo, el libre y justo sufragio universal. Por otra parte, los textos de la ISROR desempeñan un papel fundamental, precisamente el de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que establece los mayores avances democráticos esenciales para la transición política. También existe la concepción del Alto Organismo Electoral Independiente (ISIE), que posteriormente propone textos (Decreto Ley Nº 87) basados en los principios de la libertad de las organizaciones políticas. Esto representa una ruptura concreta con todos los antiguos textos liberticidas que dominaban hasta entonces, y constituye un importante punto de inflexión hacia esta democratización del régimen político tunecino, imponiendo el respeto de los principios republicanos pero también de los derechos fundamentales.

Por último, la fecha para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente está fijada para el 23 de octubre de 2011. Hasta esta fecha, la ISECA tiene que hacer muchos ajustes, especifica su política, incluyendo las condiciones en las que esta elección debe tener lugar, al tiempo que incluye observadores de organizaciones internacionales, intergubernamentales (UA, UE, Liga de Estados Árabes, OSCE …) y no gubernamentales (Fundación Carter).

Se nota una pluralidad de actorxs y partidarixs que son esenciales para esta transición y que conducen a la resolución de un conflicto a través de un proceso democrático. Todxs estxs actorxs han contribuido a dar forma a las instituciones, a aunar los deseos del pueblo y a utilizar diversos medios para lograr un objetivo común: la institucionalización de un régimen estable regido por leyes democráticas y respetuoso de las libertades fundamentales. Como parte de este proceso de democratización, también estamos siendo testigos de un cambio fundamental en la legislación. Desde el Decreto Ley Nº 2011-88, de 24 de septiembre de 2011, las leyes sobre la libertad de asociación se han suavizado considerablemente y ahora se ajustan en gran medida a las normas internacionales. Lo mismo se aplica al pluralismo sindical. 

Así, una Comisión Técnica fue creada. Esta comisión se encarga de organizar un diálogo nacional, y luego de presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional Constituyente. Esta comisión solicita no sólo a las organizaciones no gubernamentales, sino también a las asociaciones de víctimas, defensoras de los derechos humanos, periodistas y expertxs, sin olvidar a la juventud, a lxs diplomáticxs y lxs representantes de las organizaciones internacionales, a fin de garantizar el informe más transparente y representativo posible de la población. Además, la Comisión Nacional de Investigación de Abusos e Infracciones, creada en enero de 2011, ha finalizado un informe sobre las víctimas del movimiento insurgente de diciembre de 2010 a enero de 2011. A raíz de este informe, se promulgaron numerosos textos que permiten a las víctimas obtener indemnización y reparación. El Organismo Nacional de Lucha contra la Corrupción, que sigue activo en la actualidad, también fue creado por el Decreto Ley Nº 2011-120, de 14 de noviembre de 2011.

Más adelante, en 2013, el proceso de justicia transicional, que aún está en curso, permitirá aprobar una ley para hacer frente a los abusos del régimen en los últimos 60 años. A tal fin, la Ley Orgánica8 Nº 2013-53, de 24 de diciembre de 2013, prevé la creación de la Comisión de la Verdad y la Dignidad para investigar las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, esto acentúa las diferencias entre los secularistas y los islamistas, y también hace que la politización del proceso de justicia transicional sea problemática.

Cabe destacar aquí la importancia del diálogo entre lo internacional y lo nacional, ya que fue este diálogo el que permitió la evolución de la legislación y las instituciones durante el proceso de transición política. Al iniciar este intercambio con las personas locales, se hace posible destacar las demandas nacionales, las necesidades de la población, así como la exposición y el reconocimiento de las víctimas. Estxs últimxs pueden entonces ser escuchadxs y acompañadxs.

Reconocimiento y acompañamiento de las víctimas, un paso hacia la reconciliación: el ejemplo convincente de las mujeres islámicas.

El reconocimiento y el acompañamiento de las víctimas son esenciales para la aplicación del proceso de justicia transicional. De hecho, la reparación y la reconciliación son dos palabras claves en este marco jurídico de motivación política.

El Túnez prerrevolucionario se caracteriza por un sistema de corrupción financiera, administrativa y política que ha dado lugar a violaciones de los derechos humanos, incluidas detenciones y ejecuciones arbitrarias, torturas y violencia sexual. Paradójicamente, fue también bajo los sucesivos gobiernos de Habib Bourguiba y Zine el-Abidine Ben Ali que los derechos de la mujer fueron una cuestión de desarrollo. La apropiación de esta causa por parte del Estado, aunque permitió avances legales, ha contribuido sobre todo a la imposición del laicismo como fundamento del activismo a favor de los derechos de la mujer. Este cisma islámico secular sigue siendo un flagelo en el Túnez posrevolucionario de hoy en día e interfiere con la justicia transicional en el sentido de que politiza un sistema que se supone que sigue siendo principalmente judicial.

Esto plantea la cuestión de la búsqueda de la verdad, las reparaciones del pasado, el enjuiciamiento de los responsables y la indemnización de las víctimas a fin de lograr la reconciliación entre lxs diferentes actorxs. Con esto en mente, se están poniendo en marcha medidas vinculadas a la transición democrática. En octubre de 2011, se celebran las primeras elecciones democráticas para la Asamblea Nacional Constituyente y el perseguido ex partido islamista, Ennahda, obtiene 89 escaños de 217, lo que le da una mayoría relativa. A pesar del incipiente proceso de justicia de transición, la representación de las mujeres es baja, sólo 41, la mayoría de las cuales son miembrxs de Ennahda. Combatir esta subrepresentación de la mujer en la vida política es uno de los desafíos que enfrenta la justicia transicional. 

La cuestión de la participación de la mujer tanto en la vida política como en el proceso de justicia transicional es fundamental, ya que uno de sus objetivos es asegurar que las mujeres y los grupos marginados desempeñen un papel efectivo en la búsqueda de una sociedad justa. La justicia transicional tunecina presta especial atención a su integración en este proceso de rehabilitación y reconciliación. Con ese fin, se ha creado una Comisión de la Mujer y, entre 2014 y 2015, muchas asociaciones de mujeres tunecinas han llevado a cabo una campaña de sensibilización para alentar a las mujeres víctimas a presentar sus casos delante de la Comisión de la Verdad y la Dignidad. Esos esfuerzos combinados habían dado lugar a un aumento del porcentaje de casos presentados por mujeres del 5% al 23%. Sin embargo, esta tasa sigue siendo baja. El principal problema radica en el bajo nivel de creencia que las mujeres tienen en los cuerpos y mecanismos establecidos para establecer la verdad. A pesar de que se han presentado varios casos que no son representativos de la realidad, se puede establecer una tendencia. La mayoría de los casos se refieren a formas específicas de violación de los derechos humanos, es decir, la privación de ingresos, el divorcio forzoso, la violencia física, la violación, pero también la prohibición de estudiar y trabajar en aplicación de la Circular 108 de 1984, que prohíbe el uso del pañuelo.

Algunas de las violaciones, como la última mencionada, apuntaron hacia una categoría de mujeres, las islamistas, que probablemente apoyaban al partido Ennahda prohibido bajo Ben Ali. De hecho, la promoción de los derechos de la mujer se ha convertido en un compromiso para la opresión de las mujeres sospechosas de apoyar a los Ennahdha. Así pues, la comprensión de la identidad de las víctimas se refleja también en el prisma de la politización y en la observación de una competencia implícita entre las víctimas; las víctimas laicas se sienten excluidas del proceso de justicia de transición, en comparación con los islamistas. Esto a pesar de que las mujeres islamistas sufrieron más bajo el régimen autoritario secular de Ben Ali, por lo que llegaron a interiorizar su estado de silencio.

Esta persistente subrepresentación de las mujeres como testigas y víctimas reconocidas no puede explicarse por una sola variante. Hay múltiples factores en juego. En efecto, en la mayoría de los países del mundo árabe, y este es el caso de Túnez, las mujeres ocupan un lugar importante dentro del núcleo familiar. Lo que hacen y de lo que son víctimas determina el honor de la familia. Por ello, las mujeres son regularmente el blanco de ataques a sus derechos económicos y sociales. Las mujeres temen no sólo su propia estigmatización sino también la de toda su familia cuando hablan de estas violaciones. En el caso de los abusos que afectan al cuerpo de las mujeres, a menudo son los propios hombres quienes impiden que sus esposas testifiquen, lo que confirma un modelo patriarcal en el que son los hombres quienes hablan en nombre de las familias de las víctimas. Como resultado, en Túnez, la vergüenza y los tabúes sociales parecen persistir en torno a las violaciones basadas en el género.

Por último, la gran mayoría de las víctimas femeninas tienen relatos relacionados con las violaciones cometidas contra sus maridos o hijos. A estas mujeres se las denomina víctimas indirectas. Sin embargo, aunque la clasificación de las mujeres como víctimas indirectas pone de relieve las violaciones específicas cometidas contra ellas, también define las experiencias de estas mujeres sólo a través de las de sus familiares varones, que se consideran las víctimas directas. Así pues, las experiencias de las mujeres se definen en términos de victimización pasiva en lugar de dar a sus experiencias un valor político activo como víctimas directas.

Túnez ocupa un lugar destacado en la esfera de la justicia transicional en el Magreb y en el mundo árabe en general. La inclusión de las mujeres, en particular las islamistas, ya que constituyen el grupo más numeroso de víctimas, es importante desde el principio del proceso para el éxito general de la justicia transicional y para garantizar que los derechos de la mujer no se vean menoscabados en este país. Además, la condición especial de Túnez como precursor de la Primavera Árabe, sugiere que el país también podría establecerse como modelo de respeto de los derechos de la mujer en la región. La asimilación de las mujeres islamistas es tanto más importante cuanto que encarnan un movimiento que quiere deshacerse de la connotación occidental del feminismo, que es mantenida por la mayoría de los movimientos feministas laicos.

Abordar los considerables desafíos que plantea la participación de la mujer no sólo mejora enormemente la calidad del proceso de justicia transicional, sino que también aumenta la participación social y el empoderamiento de la mujer necesarixs para su reintegración y la reconciliación de lxs diferentes interesadxs.

Conclusión

A pesar de las numerosas reparaciones y avances sociales logradas y posibilitadas por el establecimiento de la justicia transicional, el sistema sigue siendo inestable en Túnez. Muchas víctimas siguen guardando silencio, muchos políticos se oponen al proceso y la corrupción sigue siendo frecuente. Además, ciertas cuestiones relacionadas con la actual presidencia de Kaïs Saïed, elegida en 2019, debilitan el proceso de transición. Aunque es partidario de la búsqueda de la justicia, al haber nombrado un Ministro Delegado para la Justicia de Transición, desea restablecer la aplicación de la pena de muerte. Esta parodia de justicia no permite la curación, ni ofrece reparación a las víctimas, y sólo mantiene una aversión al gobierno. Aunque la justicia de transición tiene por objeto la curación de una sociedad, la reconciliación y la verdad, un sistema judicial que aplicara la pena de muerte sería contrario a la voluntad de las diversas partes que trabajan en la transición del país.

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©Tunisians mark Martyrs’ Day | التونسيون يحتفلون بعيد الشهداء | Les Tunisiens célèbrent la Journée des Martyrs by Magharebia is licensed under license CC BY 2.0.

Translated by Anaïs Brusel & Solange Meurier

References
1 KORA, A. (2014). Confronter le passé de la dictature en Tunisie : la loi de “Justice Transitionnelle” en question. iris-france.org. [online] May. Available at: https://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/obs-monde-arabe/tunisie-justice-transitionnelle-mai-2014.pdf [Accessed 2 Oct 2020].
2 Algunas personas cercanas a Ben Ali han desarrollado lo que se llama una “economía de depredación” que consiste en el uso de fondos públicos por fines personales.
3 MABIALA, R. (2009). La justice dans les pays en situation de post-conflit : Justice transitionnelle. Paris: L’Harmattan.
4 Una asamblea nacional constituyente es una institución que tiene como misión la redacción, o la adopción, de una constitución, es decir del texto fundamental de organización de los poderes públicos de un país.
5 Hombre de Estado tunecino, ferviente resistente contra el protectorado francés Beji Caïd Essebsi es Primer Ministro del 27 de febrero hasta el 24 de diciembre de 2011. Funda su propio partido Nidaa Tounes en 2012 y es Presidente de la República tunecina del 31 de diciembre de 2014 hasta su muerte en julio de 2019.
6 Una constitución provisional es un texto elaborado por un gobierno provisional.
7 BEN ACHOUR, R. & BEN ACHOUR, S. (2012). La transition démocratique en Tunisie : entre légalité constitutionnelle et légitimité révolutionnaire. Cairn.info. [online] Oct. 2012. Available at: https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2012-4-page-715.htm [Accessed 10 Oct. 2020].
8 Una ley orgánica es una ley prevista en el texto constitucional como tal. Se puede añadir también una definición más concreta: el objeto de una ley orgánica es generalmente de precisar la organización y el funcionamiento de los poderes públicos, en aplicación con los artículos de la Constitución.

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