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Desde 1948 y la entrada en vigor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la legislación internacional ha conocido una sucesión de adopción de tratados y convenios teniendo por objetivo la regulación de la práctica de la pena de muerte o incluso su abolición. Irán es uno de los treinta y cuatro países que hoy siguen practicando la pena capital como instrumento de justicia. Es el segundo país detrás de China en cuanto al número de ejecuciones. Con respecto a la reciente ejecución del luchador Navid Afkari, que resultó en fuertes reacciones de la comunidad internacional, la recalificación del derecho internacional parece necesaria para recordar a estos países que no pueden evadir la ley sin arriesgarse a ser sancionados. 

Desde hace unos veinte años, observamos una tendencia a la baja en las sentencias de muerte en todos los continentes. 108 Estados abolieron la pena de muerte para todos los crímenes, siete la abolieron para los crímenes de derecho común1, y 49 respetan una moratoria2 sobre las ejecuciones de iure o de facto. Si más de los dos tercios de los países en el mundo la han abolido  legalmente o en práctica, la pena capital sigue siendo aplicada en 35 Estados3. Contamos entre estos países retencionistas China, Estados Unidos o incluso la República Islámica de Irán. La última hace parte de los Estados que usan lo más frecuentemente la pena de muerte. Las justificaciones por la condena a la pena de muerte suelen ser confusas o incluso dudosas, por causa de un sistema judicial sesgado y faltando de transparencia. 

La pena de muerte en Irán: una realidad tangible 

El 12 de septiembre de 2020, la comunidad internacional acudió a Irán señalando su práctica arbitraria de la pena de muerte. Efectivamente, este mismo día fue ejecutado el luchador Navid Afkari, de 27 años, por el asesinato de un funcionario durante manifestaciones contre el gobierno iraní en 2018. Rápidamente se multiplicaron las reacciones, tanto en las redes sociales como por  parte de numerosos países y organizaciones internacionales. El portavoz de la Unión Europea se ha expresado recordando que la UE estaba opuesta a la pena de muerte en cualquier circunstancia y en cualquier caso sin excepción, insistiendo en la crueldad de esta sanción que niega la dignidad humana4

Según el fiscal de Fars, Karem Mousavi, la pena capital de N. Afkari se aplicó “por insistencia de la familia de la víctima”. El veredicto de la condena de N. Afkari ha sido controvertido tras la publicación de informaciones afirmando que el luchador había sido condenado en realidad después de confesiones obtenidas bajo tortura. Declara particularmente en una grabación de voz proviniendo de la prisión en la cual estaba encerrado “Si me ejecutan, quiero que se sepa que una persona inocente, a pesar de que intentó que la escucharan y peleó con todas sus fuerzas para tratar de conseguirlo, fue ejecutada5.

Por la misma historia de homicidio, ambos hermanos de N. Afkari, Vahid y Habib fueron condenados respectivamente con 56 años y 24 años de encarcelamiento, así como 74 latigazos cada uno. Ellos también parecen haber sido víctimas de maltratos y de un juicio expeditivo. La Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional y la organización The Advocates for Human Rights denunciaron estas decisiones precipitadas, tomadas en secreto y sin respetar los derechos humanos fundamentales. 

Lamentablemente, la ejecución de Navid Afkari no es un acontecimiento aislado. Efectivamente, Irán es uno de los treinta y cuatro países que hoy aún practican la pena capital, registrando el mayor número de ejecuciones, justo detrás China. Según Amnistía Internacional, al menos 251 ejecuciones han ocurrido en Irán durante el año 2019, entre las cuales solo 196 pronunciadas en contra de personas declaradas culpables de asesinato6. Como parte de estas ejecuciones, todas realizadas por ahorcamiento, se cuenta con 13 en público. Estas ejecuciones públicas, que tienen por objetivo disuadir nuevas infracciones, son usadas intencionadamente para sembrar el terror e impedir nuevos motines. Un estudio de Iran Human Rights7 así muestra una correlación entre acontecimientos políticos y ejecuciones, resaltando un pico en las semanas anteriores al 9 de julio, fecha aniversario de las protestas estudiantiles de 1999, y a contrario, una fuerte disminución alrededor de las elecciones8.

Por fin, Irán también es un líder en materia de ejecuciones de personas menores al momento de los hechos imputados. Se cuenta cada año varias ejecuciones de niñxs: siete en 2018, cuatro en 2019 y dos en 20209. La comunidad internacional concuerda sobre el hecho de que aplicar la pena de muerte a menores es un acto de barbarie, infringiendo totalmente los derechos inalienables de la persona humana.

El Código penal iraní:  un sistema judicial oscuro y cruel

La República islámica de Irán no tiene un código penal en el sentido francés de la expresión, más bien un conjunto de textos que determinan los procedimientos que deben seguir los magistrados. Las leyes penales islámicas están  divididas en dos categorías; el Código de criminalidad islámica, basado en la charia y que sirve de base legislativa, y el Majlis, un código de procedimiento penal votado por el Parlamento iraní. 

Si el asesinato es el principal crimen que puede desembocar en la pena capital, Irán planea una aplicación extensiva de la pena de muerte, lo que significa que numerosos otros cargos están punibles con la muerte. Así, la pena capital se incurre por narcotráfico según algunos criterios, pero también en caso de relaciones homosexuales, aunque consentidas, o incluso por actos calificados de rebelión política. El crimen de Moharbeh (enemistad con Ala) es por ejemplo usado para enjuiciar y condenar a muerte lxs opositorxs políticxs, bajo el pretexto del crimen religioso.

Los tipos de tribunales, los procedimientos y el número de magistrados instructores cambian en función del tipo de crimen. Para los homicidios, cinco magistrados intervienen en primera instancia, seguidos por cinco otros en casación, mientras que solo cuatro magistrados instruyen el caso del acusado o de la acusada para los crímenes políticos. Los magistrados gozan de una gran libertad de acción y las posibilidades de recurrir son extremadamente limitadas. Entonces, un juez puede dictar una sentencia de muerte prematuramente, fijándose sólo en su opinión. Esto explica por qué varias ejecuciones ocurrieron sólo algunas semanas después de la detención de la persona acusada, como fue en el caso de Navid Afkari.

Según el Código penal islámico iraní, los varones mayores de 15 años lunares y las chicas mayores de 9 años lunares declaradxs culpables de crímenes violentos o de ciertos otros crímenes punibles con la pena capital pueden ser condenadxs a la muerte al igual que lxs adultxs. Estas ejecuciones están consideradas como casos de gésâs (reparaciones) en vez de casos de edam (ejecuciones), lo que los hace justificables según las autoridades iraníes. Afortunadamente, la acción de lxs militantes de derechos humanos permitieron traer modificaciones al nuevo Código penal iraní votado en 2012,  exigiendo que el juicio del juez sea supeditado a la presencia de elementos claros en el expediente de la persona acusada, y otorgando la posibilidad de pedir la opinión de unx médicx sobre la madurez de esta última.

Sin embargo, resulta complicado acceder a la información y a los datos fiables sobre la realidad jurídica en Irán. Nada prueba que las mejoras anteriormente descritas estén realmente aplicadas, ya que los procedimientos siguen confusos y que las autoridades minimizan el alcance de las ejecuciones. Además, los medios de comunicación están controlados por el gobierno y lxs periodistas que transmiten las informaciones sobre la pena de muerte se arriesgan a ser devueltxs. Después de muchos testimonios recogidos a lo largo de los años, está cierto que lxs detenidxs en espera de juicio son regularmente víctimas de tortura y de maltratos10. La presunción de inocencia es raramente respetada y las confesiones obtenidas mediante coacción siempre son tomadas en cuenta.

Irán entre elusión y negación del derecho internacional

Desde la mirada del derecho internacional, Irán no ha firmado el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos del 15 de diciembre de 1989, que tiene como objetivo abolir la pena de muerte11. El país tiene entonces el derecho de aplicar la pena capital. Sin embargo, al haber ratificado12 el Pacto internacional de Derechos civiles y políticos (PIDCP) en vigor desde el 23 de marzo de 1976, Irán tiene que respetar algunas regulaciones en matera de práctica de la pena de muerte. Estas están detalladas en el artículo 6 del PIDCP. El párrafo 113 de este artículo expresa de manera clara que a un individuo no se le puede quitar la vida “arbitrariamente”. El segundo párrafo precisa que: 

“En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente14.”

Este artículo resuena aunque la ejecución de Navid Afkari da continuación a sus confesiones recogidas bajo tortura. Al luchador le han quitado su derecho a un proceso justo y equitativo conferido por el artículo 6 (2), si es que lo puede ser en un sistema judicial tan poco transparente como el iraní. 

Los métodos utilizados por Irán para obtener el reconocimiento de los hechos imputados al luchador están más moralmente condenables en cuanto constituyen una violación del artículo 7 del PIDCP. Este último dispone que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”15. Ha sido tomado textualmente del artículo 5 de La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), adoptada el 10 de diciembre de 1948. Este artículo pone fin a la práctica de la tortura en todos los Estados Partes del tratado. Irán había votado a favor de esta declaración sin por ello llevar a cabo su proceso, negándose a firmarla en definitiva.  Al ratificar el PIDCP, Irán acepta los términos del artículo 5 de la DUDH. Con consecuencia, el usado de la tortura en contra de Navid Afkari es condenable ante los ojos del derecho internacional y de manera más amplia de la comunidad internacional, garante de este último. 

Además, como lo dispone el artículo 14, párrafo 216 de este mismo Pacto internacional, el principio de  presunción de inocencia se aplica a todxs en espera de una condenación (o no) en acuerdo con la ley. La tortura siendo inmoral y cruel, su uso sobre un individuo inocente debería convencer hasta él más o la más ferviente partidarix de su uso que tiene un carácter inherentemente inhumano. 

Irán también ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Así, el país está legalmente obligado a considerar los que tienen menos de 18 años de edad como menores, porque ellxs son niñx ante los ojos del derecho internacional. De hecho, ninguna persona de menos de 18 años de edad en el momento de los hechos puede ser condenada a muerte, en virtud de los artículos 37 (1)17 de la CDN y 6 (5)18 del PIDCP. Una vez más, condenando a muerte numerosos menores, Irán ilustra su no voluntad de aplicar la ley que él mismo se impuso. Efectivamente, la ratificación de un tratado internacional necesita un voto del Parlamento y genera entonces una voluntad estatal de avanzar hacia un derecho y una práctica de este más justa, aunque la realidad sea diferente. Con sus actos, Irán niega la existencia misma del derecho internacional que el país se comprometió intencionalmente a respetar y a incluir en su práctica del derecho a nivel nacional. La tortura y la pena de muerte solo son dos ejemplos entre las numerosas violaciones de los derechos humanos ocurriendo en Irán y haciendo caso omiso del derecho internacional. 

Conclusión

Si la aplicación de la pena de muerte actualmente está claramente una práctica cruel y arcaica, está igualmente totalmente ineficacia para disuadir los crímenes. Varios estudios muestran que la pena capital solo alimenta un círculo vicioso de violencia; los Estados que la aplican como sanción parecen además tener una tasa de criminalidad más alta que los que la abolieron. En Canadá por ejemplo, el número de homicidios ha bajado del 52% desde la abolición de la pena de muerte en 197619. Nunca ha sido demostrado que la pena de muerte sea más disuasiva que el encarcelamiento, especialmente porque causa varios problemas tal su irreversibilidad en caso de error judicial como su aplicación arbitraria que suele ser de carácter discriminatorio. Ningún sistema judicial es exento de errores de justicia así que  los países practicando la pena de muerte siguen corriendo  el riesgo de quitar la vida a personas inocentes.

Finalmente, es evidente que existen alternativas más eficaces para sancionar el acto criminal sin que la persona acusada muera. Así, invertir en mecanismos de protección, de corrección y de rehabilitación sigue siendo la mejor manera de reducir las probabilidades de reincidencias. Por lo tanto, es urgente que los países que siguen practicando la pena de muerte, como Irán, China Estados Unidos, escuchen los argumentos de los movimientos abolicionistas y paren la aplicación de la pena capital. Igualmente, está en juego la responsabilidad de la comunidad internacional de condenar y sancionar tales acciones viniendo de países que paradójicamente han aceptado la autoridad legal de la ONU.

REFERENCIAS

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Para mencionar el artículo:

LEFEBVRE, V. PAVARD, J. (2020). La pena de muerte en Irán: una práctica ignorando el derecho internacional. Generation for Rights Over the World. growthinktank.org. [online] Oct. 2020.

©Photo by The Post Millennial licensed under CC BY-SA 4.0

Translated by Solange Meurier & Salomé Thioubou

References
1 Una infracción de derecho común es una infracción penal, es decir el hecho de cometer un acto prohibido por un texto legislativo o reglamentario.
2 Una moratoria es un término jurídico que designa una decisión de conceder un plazo o una suspensión voluntaria de una acción. Consideramos que una moratoria es de facto si se cancela una ejecución pendiente desde al menos de diez años, y de iure si resulta de una decisión de justicia o de las autoridades.
3 Vie Publique. (2018). La peine de mort dans le monde. [online] Available at: https://www.vie-publique.fr/eclairage/19492-la-peine-de-mort-dans-le-monde#:~:text=%C3%80%20ce%20jour%2C%20selon%20le,soit%20144%20pays%20au%20total [Accessed 26 Sept. 2020].
4 Union Européenne. (2020). Iran : déclaration du porte-parole concernant l’exécution de Navid Afkari. [online] Available at: https://eeas.europa.eu/delegations/niger/85387/iran-d%C3%A9claration-du-porte-parole-concernant-lex%C3%A9cution-de-navid-afkari_fr [Accessed 26 Sept. 2020].
5 Amnesty International. (2020). Iran. L’exécution en secret du lutteur Navid Afkari est une “parodie de justice”. [online] Available at: https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2020/09/iran-secret-execution-of-wrestler-navid-afkari-a-travesty-of-justice/  [Accessed 26 Sept. 2020].
6 Amnesty International. (2019). En Iran. [online] Available at: https://www.amnistiepdm.org/en-iran.html [Accessed 26 Sept. 2020].
7 Iran Human Watch es una organización no partidaria y políticamente independiente de defensa de derechos humanos establecida en Oslo, Noruega. Su objetivo principal es crear un movimiento abolicionista en Irán sensibilizando sobre las fechorías de la pena de muerte.
8 Iran Human Rights. (2013). Relashionship between political events and the death penalty trends in Iran. [online] Available at: https://iranhr.net/en/articles/982/  [Accessed 26 Sept. 2020].
9 La peine de mort dans le monde. (2020). La peine de mort et les mineurs, homosexuels et apostats. [online] Available at: https://peine-de-mort.net/mineurs.php [Accessed 26 Sept. 2020].
10 ADENA, N. (2019). 40 years of torture – Report on torture in Iran. irannewswire.org. [online] 11 Jan. 2019. Available at: https://irannewswire.org/40-years-of-torture-in-iran-report/ [Accessed 26 Sept. 2020].
11 El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos civiles abole la pena de muerte enunciando que “1. No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo. 2. Cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción.
12 El 24 de junio de 1975, Irán ratificó el Pacto internacional de Derechos civiles y políticos.
13 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.”
14 De acuerdo con el artículo 14 del PIDCP, este tribunal debe ser “independiente e imparcial” y oír  la causa de la persona acusada de manera justa.
15 El 13 de julio de 1994, Irán ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño.
16 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.”
17 1. Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad.”
18 5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.”
19 Alter Justice. (2019). La peine de mort : un aperçu de justice dans le monde et au Canada. [online] Available at: https://www.alterjustice.org/dossiers/statistiques/peine_de_mort.html [Accessed 26 Sept. 2020].

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